Piden que se investigue por qué la Administración habría alegado desconocer diagnósticos médicos del SERGAS y cómo es posible que falte documentación clínica de expedientes con más de cinco años de antigüedad.*
*Ourense.*— Familias de menores con trastorno del espectro autista (TEA) severo y parálisis cerebral reclaman explicaciones a la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia ante los recortes en recursos y apoyos que, según denuncian, afectan a niños con importantes necesidades de atención y dependencia.
La principal preocupación se centra en una comunicación oficial en la que, según la familia afectada, la Administración habría alegado desconocer determinados diagnósticos médicos emitidos por el Servizo Galego de Saúde (SERGAS). Esta situación plantea una pregunta fundamental: ¿cómo puede justificarse una reducción de apoyos si la información clínica relevante no figura en el expediente administrativo o no ha sido debidamente valorada?
Las familias consideran especialmente grave que se cuestione o se ignore documentación médica relacionada con menores que presentan necesidades complejas, y solicitan que se esclarezca qué información estaba disponible, qué informes fueron incorporados al expediente y qué criterios se utilizaron para adoptar las decisiones que les afectan.
## ¿Dónde está la documentación de los expedientes?
Otra de las cuestiones que reclaman aclarar es la posible ausencia de documentación médica en expedientes que, según indican, acumulan más de cinco años de antecedentes.
Si se confirma que faltan informes relevantes, resulta necesario determinar qué ocurrió, si existieron fallos en la tramitación y qué medidas se adoptarán para reconstruir la documentación y garantizar que las resoluciones administrativas tengan en cuenta la situación real de cada menor.
Las familias piden que no se traslade a los pacientes y a sus cuidadores la responsabilidad de corregir posibles deficiencias administrativas, especialmente cuando están en juego recursos esenciales para la atención de niños con discapacidad y dependencia.
## ¿Quién debe investigar y corregir estas posibles irregularidades?
La Consellería de Política Social debe ofrecer una explicación sobre los criterios aplicados y revisar los expedientes afectados si existen indicios de errores. Asimismo, se solicita que se compruebe la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios, así como la incorporación y valoración de los informes del SERGAS.
En función de los hechos y de la documentación disponible, las familias podrían solicitar la revisión de las resoluciones por las vías administrativas correspondientes y acudir a organismos de supervisión como el Valedor do Pobo de Galicia, sin perjuicio de otras vías de reclamación que pudieran proceder.
La cuestión no es únicamente administrativa: afecta a la confianza de las familias en las instituciones y a la necesidad de que las decisiones sobre menores con grandes necesidades de apoyo se adopten con información completa, criterios transparentes y una valoración individualizada.
## Una petición de transparencia y responsabilidad
Las familias reclaman respuestas concretas: qué informes médicos constan en los expedientes, por qué se habría alegado desconocimiento de determinados diagnósticos, qué fundamento tienen los recortes denunciados y quién asumirá la responsabilidad si se acreditan errores que hayan perjudicado a los menores.
También piden que se revisen las decisiones cuestionadas y que se garantice que ningún niño quede sin los apoyos que le correspondan por fallos documentales o de coordinación entre administraciones.
*La discapacidad y la dependencia no pueden abordarse sin rigor, transparencia y respeto a la documentación médica.* Las familias reclaman que se escuchen sus denuncias, que se investiguen los hechos y que se adopten medidas correctoras si se confirman irregularidades.
Esta información recoge las denuncias y preguntas planteadas por las familias. Para su publicación como noticia contrastada, sería necesario verificar la carta oficial, las resoluciones administrativas y los informes pertinentes, así como solicitar la versión de la Consellería de Política Social y, cuando corresponda, del SERGAS. Las posibles ilegalidades o responsabilidades deben presentarse como alegaciones mientras no hayan sido acreditadas.
